En momentos en que el sistema de salud enfrenta graves dificultades, con largas listas de espera entre quienes reciben atención en el sector público y una situación inestable en las isapres que ha llevado a que se cancelen varios convenios de atención, muchas personas buscan nuevas formas de solucionar sus problemas médicos. Pero se enfrentan a menudo con que la información respecto de su situación de salud está en manos de la institución o del médico anterior, y el único camino que creen tener consiste en repetirse los exámenes, incurriendo en gastos innecesarios.
La Ley de Derechos y Deberes del Paciente dispone que los datos que se generan respecto de una persona deben ser accesibles a ella. El enfermo, mediante un simple procedimiento, puede obtener los resultados de sus exámenes médicos, así como conocer otras anotaciones que los profesionales suelen registrar en su respectiva ficha clínica. Esa fue al menos la intención del legislador hace más de diez años, cuando se aprobó la ley, la que ponía un acentuado énfasis en la reserva de la información, pues correspondía a datos considerados sensibles en otro cuerpo legal, el que se ocupa de la protección de la vida privada. En esa época, cuando se inició la discusión del proyecto, a comienzos de los años 2000, todavía eran pocos los establecimientos y los médicos y otros profesionales que mantenían archivos electrónicos, pero hoy ya es una costumbre generalizada, lo que debiera simplificar considerablemente el intercambio de información entre distintos prestadores, sin que eso signifique amenazar la reserva con que ella se debe manejar. Pero pese a las facilidades, se observa cada vez con mayor frecuencia la aparición de obstáculos para que efectivamente se produzca la transmisión de información.
Una de las razones que se han indicado para explicar esta dificultad es la falta de conocimientos respecto de lo dispuesto en la ley. Los pacientes no saben que tienen el derecho a exigir sus datos, pero aun en casos en que lo intentan, hay una tramitación innecesaria de parte de las instituciones y de los profesionales. Más allá de lo legal, también existen grados variables de desconfianza de los profesionales de una institución en los datos conseguidos en otras, lo que los impulsa a exigir la repetición de los exámenes. Por cierto, cuando se trata de instituciones que tienen intereses en desarrollar sus laboratorios, nunca queda claro para el paciente cuándo se trata de precisar el diagnóstico y cuándo pueden primar intereses económicos.
En el sector público la situación no es mejor y existen distintos sistemas entre los cuales no es fácil comunicarse. Hace diez años se comenzó a estudiar la ficha electrónica y la interoperabilidad de los sistemas, que habría permitido el intercambio de información expedita entre los distintos componentes de los servicios públicos. Pero, según se informó en la oportunidad, problemas con la reserva de la información llevaron al fracaso de esos planes, pues fue necesario suspender una licitación debido a que se habrían filtrado los nombres de quienes tenían el virus VIH asociado al sida. Las empresas que participaban de la licitación no aceptaron la explicación y según ellos fue el Ministerio de Salud el que decidió desarrollar sus propios sistemas. Como haya sido, hasta hoy existen compartimentos estancos donde reside la información de cada paciente e incluso dentro de un mismo recinto médico es difícil obtener los datos necesarios de una especialidad en otras dependencias. Lo mismo ocurre en algunos casos entre la atención primaria y la atención compleja de los hospitales donde son derivados los enfermos.
El avance de la tecnología debe ser aprovechado para beneficio de todos y las continuas dificultades que se observan en el ámbito de la salud, tanto en el sector privado como en el público, parecen revelar que en Chile no se cuenta con métodos para incorporar los avances a la práctica diaria de la medicina. Un proyecto de ley con respaldo transversal intenta superar estas dificultades, y está en trámite desde hace un año.
Fuente: El Mercurio