Chile cerró hace tiempo el debate sobre si la interoperabilidad en salud es necesaria. La Ley 21.668, publicada en mayo de 2024, lo confirmó al modificar la Ley 20.584: hospitales, clínicas, laboratorios, farmacias, Isapres y Fonasa deberán compartir información clínica bajo el estándar internacional HL7 FHIR R4, garantizando que la ficha clínica de cada persona pueda seguirla, sin importar en qué institución se atienda.
Lo que sigue pendiente es el cómo. La propia ley entregó al Ministerio de Salud un plazo de 18 meses para dictar el reglamento técnico que debía definir los estándares, protocolos y plazos de adecuación para los prestadores. Ese plazo venció en noviembre de 2025 y, a julio de 2026, el reglamento aún no ha sido publicado. Mientras esa hoja de ruta no exista, los equipos de salud continúan tomando decisiones clínicas sin acceso al historial completo de sus pacientes, con consecuencias ya conocidas: exámenes duplicados, atención fragmentada y los mismos riesgos que la ley busca reducir.
A este vacío regulatorio se suma otro desafío, quizás menos visible pero igual de relevante. Hoy gran parte de las fichas clínicas en Chile carece de trazabilidad completa. No siempre existe registro de quién accedió a la información, cuándo lo hizo o por qué canal fue compartida. Reconocer este punto de partida es fundamental, porque evidencia que el desafío de la interoperabilidad va mucho más allá de elegir un estándar técnico: implica ordenar procesos internos, definir gobernanza de datos y construir capacidades que hoy, en muchas instituciones, todavía no existen.
Frente a esta incertidumbre, esperar a que se publique el reglamento no es la estrategia más segura. Las instituciones que comiencen a prepararse desde ahora —auditando sus fichas clínicas, definiendo responsables técnicos y evaluando soluciones alineadas con FHIR— estarán mejor posicionadas cuando finalmente se definan los plazos regulatorios. La experiencia de otros procesos normativos en salud muestra que quienes esperan hasta el último momento suelen enfrentar implementaciones apuradas, costosas y con mayor riesgo de incumplimiento.
El debate normativo ya está resuelto: la interoperabilidad es ley y no es opcional. Lo urgente ahora es avanzar en la implementación —definir estándares, fortalecer la gobernanza de datos y preparar a las organizaciones para un cambio que ya está en marcha, tenga o no reglamento publicado. En GesNova Salud creemos que esta conversación debe estar hoy en el centro de la agenda de quienes lideran instituciones de salud en Chile.