Cuando se habla de interoperabilidad en salud, suele presentarse como una mejora deseable, un avance tecnológico que hará más eficiente el sistema. Pero rara vez se dimensiona lo que efectivamente cuesta, hoy, no tener esa interoperabilidad instalada.
El primer costo es clínico. Un paciente que se atiende en distintos prestadores —su consultorio, un hospital, una clínica privada, un servicio de urgencia— sin que exista un historial compartido, obliga a los equipos de salud a tomar decisiones con información incompleta. Esto se traduce en exámenes que se repiten innecesariamente, tratamientos que no consideran alergias o medicamentos ya prescritos en otro lugar, y diagnósticos que demoran más de lo necesario porque hay que reconstruir un historial que, en rigor, ya existe, pero está fragmentado en distintos sistemas que no se hablan entre sí.
El segundo costo es económico. Cada examen duplicado tiene un costo directo para el sistema de salud, público o privado. Cada hora que un equipo clínico destina a reconstruir manualmente la historia de un paciente es una hora que no está disponible para atender a otro. A escala de un país completo, con millones de atenciones al año, estos costos se acumulan de forma significativa, aunque casi nunca se contabilicen como tales.
El tercer costo, menos visible pero igual de real, es la fragmentación de la experiencia del paciente. Repetir la misma historia clínica en cada atención, desconfiar de si la información llegará correctamente de un prestador a otro, no tiene solo un costo funcional: erosiona la confianza en el sistema de salud como un todo.
La interoperabilidad no es, entonces, una mejora incremental. Es una corrección a un costo que el sistema de salud chileno ya está pagando todos los días, aunque no aparezca en ningún balance.